Cercar los delitos de odio: el nuevo frente legal de la Comisión Europea

Fuente: El Español/David G. Maciejewski

 

La Comisión Europea quiere actuar cuanto antes contra los delitos de odio y crear un marco legal comunitario para cercarlos. ¿La razón? Las estadísticas apuntan a que la intolerancia se ha disparado tras dos años de fatiga pandémica y descontento social. El número de víctimas de la intolerancia crece por momentos, en parte auspiciados por la agresividad latente en las redes sociales, y las diferencias en la legislación de cada país hacen muy difícil establecer un protocolo de actuación transversal e igualitario. Un delito de odio no es lo mismo en Francia o en España que en Bulgaria o Polonia.

Así lo recuerda Esteban Ibarra, un hombre que ha decidido volcar su vida en la lucha contra los delitos de odio. Hoy, sin embargo, a pesar de ser el secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, se siente más vulnerable que nunca. Combatir el fanatismo lo ha convertido en una víctima más de la intolerancia. Así lo certifican las numerosas amenazas de muerte que ha recibido en los últimos años, algunas de las cuales han acabado en los tribunales. Todo por querer ayudar a los demás.

Mi compromiso con la defensa de los derechos humanos me ha convertido en una víctima”, confiesa. “Sufres no solo por tu entorno de trabajo, sino porque te conviertes en una persona a dañar. Además, quienes tienden a atacarnos son estructuras organizadas que definen claramente objetivos a causa de su racismo, de su ideología o por ser ultras de cualquier signo político”, explica el también presidente del Movimiento contra la Intolerancia.

Precisamente Ibarra recuerda que la pandemia ha sido un agravante de los delitos de odio. El estrés del confinamiento, la incertidumbre sociopolítica y económica y la diseminación de los discursos extremistas en redes sociales han provocado una mayor agresividad, lo que a su juicio “ha aumentado la potencialidad del discurso de odio delictivo y punible”.

Y aunque las principales motivaciones del odio son, en orden cuantitativo, el racismo y la xenofobia, la ideología y la homofobia y la transfobia, ahora se ven nuevas variantes dirigidas a colectivos vulnerables que ni siquiera están recogidas como actos delictivos en el Código Penal.

Es el caso del imparable auge de los movimientos antivacunas –entre otros negacionismos– y grupos radicales anti establishment o nacionalistas. Por ejemplo, hace tan solo unas semanas las autoridades alemanas desmantelaban un complot urdido por varios negacionistas a través de Telegram para asesinar al presidente del estado de Sajonia, Michael Kretschmer, por imponer restricciones anticovid.

Charo Alises, abogada especializada en delitos de odio, recuerda que por mucho que un suceso pueda parecer punible, no siempre lo es. “De hecho, hasta aprobar la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, había cuestiones como la aporofobia –el odio a las personas pobres– que no estaban instruidas dentro del Código Penal”, recuerda.

Y añade: “Cuando atacaban a una persona sin hogar por el mero hecho de serlo, a pesar de que eso era claramente un delito de odio, no se podía considerar como tal porque no estaba incluido el agravante del 22.4”.

El problema del odio es real y muta constantemente para descargar su ira sobre nuevos colectivos, algunos que incluso históricamente habían dejado de ser objetivos potenciales. “No podría decir si se han agravado o no, pero sí se ve una nueva forma de delito de odio que ya estaba abolido a lo largo de la historia: culpar de la pandemia a determinados grupos que históricamente se han criminalizado, como las comunidades gitanas o asiáticas. En diversos países se les ha señalado como responsables”, asegura Alises.

La respuesta de la Comisión Europea

La radicalización de los discursos de odio hacia diferentes colectivos vulnerables, ya sea por su color de piel, su género o su orientación sexual o simplemente por formar parte de una u otra ideología o religión, es lo que ha motivado a la Comisión Europea a poner en marcha su engranaje legal para delimitar un marco común de acción contra los delitos de incitación al odio, en lo que podría convertirse en una ampliación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

De momento, es tan solo una propuesta que debe ser ratificada en el Parlamento Europeo por los representantes de los diferentes países que conforman el gobierno común de los 27. Pero los líderes y lideresas del organismo europeo, entre ellos la presidenta Úrsula von der Leyen, han dejado clara su intención de regular este tipo de delitos y pretenden llevar su propuesta a la Eurocámara cuanto antes para su aprobación.

Toca esperar a la decisión de Estrasburgo para comprobar si esta iniciativa ve la luz del día. De salir adelante, sería un claro refuerzo de los ODS 10 (reducción de las desigualdades), 16 (paz e instituciones sólidas) y 17 (alianzas para lograr los objetivos). “Sería muy deseable que todos los países tuvieran un mismo concepto de lo que es el delito de odio y un marco común para saber hasta dónde alcanza la ley”, explica Alises. “Eso haría muy homogéneas las legislaciones. Para eso está la Unión Europea”.

Una idea que parece refrendada por las palabras de la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Věra Jourová, recogidas en el comunicado oficial emitido por la institución: “Necesitamos una actuación de la Unión Europea que garantice que el odio se tipifica como delito de la misma manera en toda Europa”.

La universalidad de las víctimas del odio

Precisamente la dimensión transfronteriza de ciertos discursos de odio es los que preocupa a la Comisión, aunque en ningún momento explicita contra quiénes iría dirigida esta nueva regulación comunitaria. “Necesitamos una respuesta firme a los retos que plantean la incitación al odio y los delitos motivados por el odio en toda la UE, ahora y en el futuro”, remata el comisario de Justicia, Didier Reynders, en el mismo texto oficial. “La iniciativa es un paso importante hacia una respuesta europea más eficaz a unas amenazas que cargan contra el pluralismo y la inclusión”.

Ibarra recuerda que esta intención no es nueva y llega tarde: “Europa ha sido muy retardataria a la hora de abordar esto. El Consejo de Europa ya lo reconocía en 1997, y la Comisión ha tardado muchísimo en abordarlo”. Precisamente el tipo de organizaciones como la que él lidera tratan de huir de las aspiraciones ideológicas y prefieren separarse de la dimensión política y apostar por la universalidad.

Debemos universalizar la protección de las víctimas. No queremos que sólo unas personas estén protegidas por su pertenencia a un colectivo. El delito de odio es un delito de odio por promover la intolerancia hacia el diferente”. Él mismo se pregunta si la Unión Europea va a ser capaz de hacer un planteamiento universal. “Debería hacerlo”, responde, ya que sus tratados y la propia Carta Universal de Derechos Humanos “sí que contemplan la universalidad”, y no seguir ese sendero sería ir en contra de sus principios fundacionales.

 

 

 

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